El presidente Javier Milei utilizó la cadena nacional para anunciar la decisión política de endurecer y concretar las sanciones contra compañías que exploren y exploten hidrocarburos en Malvinas sin licencia
local.

Las medidas oficiales incluyeron el refuerzo presupuestario para construir una base naval integrada en Usuhaia, que permitirá proyectar la influencia nacional en el Altántico Sur y reforzar la reivindicación de la soberanía sobre el archipiélago.

Uno de los enunciados más contundentes fue el inicio de un proceso sancionatorio para los accionistas de Sea Lion, proyecto encarado por la sociedad de la britátina Rockhopper y la israelí Navitas. Hasta el
martes 9 de septiembre, la Nación inició 60 procesos contra un conjunto de firmas y personas involucradas en esa iniciativa en categoría de accionistas, máximas autoridades de las compañías, o
proveedores de bienes y servicios.

En este marco, el Presidente anunció la determinación de promover modificaciones legales para excluir de la explotación en territorio argentino de cualquier empresa involucrada en un proyecto que se desarrolle en Malvinas sin el respaldo formal del Gobierno argentino.

La reacción de compañías trasnacionales que prestan servicios en las distintas cuencas locales fue inmediata y masiva: algunas de manera individual, otras a través de la Cámara de Servicios Petroleros
(Casepe) negaron su voluntad de comprometerse con prestaciones fuera del territorio local.

La  estrategia del Gobierno llevó a reafirmar la determinación de las operadoras y prestadoras de
servicio de apostar al desarrollo de los hidrocarburos en la Argentina, con Vaca Muerta como un desafío prioritario.