La Argentina tuvo un triunfo significativo en los tribunales neoyorkinos, que rechazaron el reclamo indemnizatorio del fondo Budford por los términos en los que se realizó la reestatización de YPF.

Con los derechos cedidos de accionistas minoritarios, el fondo de inversión exige un resarcimiento porque el Estado Nacional no extendió a otros accionistas la oferta indemnizatoria que formuló a Repsol para recuperar la propiedad del
51% del paquete accionario.

El juzgado en primera instancia a cargo de Loreta Preska avaló el reclamo y fijó un resarcimiento por 16.100 millones de dólares más actualización. Pero la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York refutó esa sentencia, al entender que la eventual violación del estatuto societario denunciada no generaba derechos bilaterales entre los socios que funde un daño y solicitud de compensación.

Dos semanas después el mismo tribunal dejó en suspenso todas las apelaciones pendientes vinculadas al caso, fortaleciendo el soporte de su propio dictamen y ratificando que la compañía reestatizada resultaba un sujeto totalmente ajeno al pleito.

El fallo que exime al Estado argentino de aquella obligación económica quedará totalmente firme cuando expiren los
plazos que aún tienen Burford Capital y Eton Park para reclamar por sus presuntos derechos.

Uno de ellos es el pedido de revisión, mecanismo por el cual todos los magistrados de la Cámara del Segundo Circuito y no sólo los tres que emitieron el dictamen reconsiderarían el caso.

Otro es apelar a la Corte Suprema de Estados Unidos, que acumula miles solicitudes anuales de intervención, cuando su capacidad operativa está limitad a no más de cien.