A través del decreto 105/26 el Gobierno oficializó la incorporación del upstream al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones, tal como había prometido el coordinador de Energía y Minería, Daniel González, en el almuerzo celebratorio del día del Petróleo, el 13 de diciembre.

Según el argumento oficial, la inclusión de la exploración y producción de hidrocarburos en el régimen de incentivos procura evitar
“fragmentaciones artificiales de grandes proyectos que cuentan con actividades que, en la práctica, resultan ténicamente integradas, como sucede en el sector de petróleo y gas”.

La medida alcanzará a los proyectos que, en el momento de la sanción de la Ley de Bases 27.742 “no tuvieran un nivel de desarrollo
significativo del área y que, cuando presenten la solicitud de adhesión al RIGI, no cuenten con inversiones en actividad de explotación o
producción”.

De hecho la decisión oficial limita el beneficio a los nuevos desarrollos orientados a la exportación, que no sólo requieren infraestructura adecuada sino un aumento de producción para garantizar la provisión comprometida a los compradores externos.

El mismo decreto extiende hasta el 8 de julio del 2027 el plazo general para la adhesión a este Régimen, con el justificativo que la envergadura de las iniciativas que podrían acogerse a él requieren mayor plazo al originalmente previsto.

La reducción del 7% al 3,5% de la alícuota para el giro de utilidades al exterior se aplicará cuando los dividendos del Vehículo de Proyecto Único (VPU) no se remitan directamente desde la sucursal dedicada al proyecto, sino a través de la sociedad matriz u otra estructura societaria preexistente.

De esa manera, el gobierno nacional amplió los alcances del régimen pero limitando su aplicación a determinador proyectos y bajo ciertas pautas.